En noviembre del 2021, una mujer que conducía por la carretera gallega que une A Laracha con la cantera de Soandres atropelló, supuestamente, a un perro.
Sin tiempo que perder, la conductora se puso en contacto con un conocido para que este diese parte a las autoridades correspondientes de que el animal estaba herido. Cuando los voluntarios de Protección Civil llegaron al lugar de los hechos, se quedaron pasmados porque no era un can.
¡Era un lobo joven!
Nada más ver a la criatura, que se encontraba guarecida entre la maleza, a unos 60 metros de distancia del lugar del atropello, supieron que era un lobo joven.
Tras el incidente, el lobo buscó protección entre la maleza hasta que perdió el conocimiento a causa del golpe y el dolor.
El veterinario confirmó las sospechas
El animal fue trasladado a la clínica veterinaria a Xarope, de A Laracha en los brazos de uno de los miembros de Protección Civil. Nada más ver a la criatura, los doctores subrayaron que era un lobo.
Como consecuencia del atropello, el animal sufrió varias fracturas en la pata delantera y trasera del lado derecho.
Gracias a los análisis realizados en la clínica se pudo saber que el lobo tenía unos seis meses de vida y, al margen del atropello, su estado de salud era bueno.
Tras el informe del veterinario, el animal fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros (Galicia) donde se recuperó de sus lesiones y le hicieron exámenes más exhaustivos con el objetivo de dejarlo en libertad.
Por su parte, Protección Civil asegura que la persona que atropelló al lobo se preocupó por él desde el primer momento, y los operarios 'aprovecharon' este incidente para señalar que en estos casos es necesario llamar a los centros de recuperación de fauna silvestre más cercanos.
Matar a un lobo es un delito
Las penas por cazar lobos pueden llegar a los dos millones de euros y, en los supuestos más graves, la pena asciende a dos años cárcel.
El Código Penal en su artículo 334 establece penas de prisión de seis meses hasta dos años o multas de ocho a 24 meses, junto a la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio relacionado con los hechos, así como al ejercicio del derecho de cazar o pescar entre dos y cuatro años.
De esta forma, el Gobierno da respuesta a diversas propuestas recibidas a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico procedentes de administraciones, organizaciones científicas y particulares.
Una medida que pretende proteger a una especie catalogada como ''amenazada'' y ''vulnerable''.
